Al día de la fecha, del año 2025, se puede afirmar que México ha consolidado su presencia en el ámbito internacional mediante una política exterior estructurada en torno a principios constitucionales, intereses estratégicos y compromisos multilaterales, presencia que se vió en de cierta forma opacada o reducida durante la administración pasada. Los tratados internacionales, como herramientas jurídicas y diplomáticas, reflejan sin cuestionamiento la postura prevaleciente.
Resulta de gran interés hacer mención de cuál pudiera ser el punto de inicio de la presencia de México en el proceso de la interacción diplomática internacional, pudiendo señalar como el antecedente más relevante para México, en materia de tratados internacionales sobre medio ambiente, la firma de la "Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la protección de Aves migratorias y de Mamíferos Cinegéticos" en 1936, el cual se considera como el primer tratado bilateral en materia ambiental que México firmó, con el que se da el inicio de su participación en acuerdos internacionales enfocados en la protección del medio ambiente sentando las bases para la participación de México en futuros acuerdos ambientales internacionales; diez años después, en 1946, México firmó su primer tratado multilateral en la materia, el cual se identifica como el "Convenio Interamericano de la Lucha contra la Langosta", siendo así las cosas, la participación de México ha sido constante y diversa, abarcando temas una gran variedad de temas.
Para poder tener una opinión clara y objetiva sobre la participación de nuestro país en el campo de este tipo de tratados internacionales y, sobre todo, tener claridad de cual está siendo a la fecha, su postura para dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de cada uno de ellos se hace sugerible echar un vistazo a ciertas consideraciones clave que la definen, la cual se ve respaldada por su marco jurídico, prácticas históricas y participación en foros globales.
La Constitución Política de México establece un riguroso proceso para la celebración de tratados internacionales. El artículo 76 fracción I otorga al Senado la facultad exclusiva de aprobar tratados y convenciones diplomáticas negociadas por el Ejecutivo, ello pretende garantizar que los acuerdos internacionales se ajusten a los principios constitucionales, como el respeto a la soberanía y los derechos humanos (hoy en día, con los cambios que estamos enfrentando, no es tan simple dicha afirmación), lo que nos lleva a tener presentes algunos artículos como el 15 y el 133 de la Carta Magna, con lo que podría decir que los tratados no contravendrán el orden interno, como se vio en la ratificación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1988); Históricamente, México ha defendido algunos principios de su política exterior como son la no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias, como base del actuar (89 Constitucional), buscando ser miembro activo de múltiples organizaciones internacionales que reflejan su actuar en su red de 14 tratados de libre comercio con 50 países, 30 acuerdos de protección de inversiones y nueve pactos de complementación económica.
No hay duda de que los tratados comerciales son pilares de la estrategia económica internacional de México, aún y cuando no se han cansado, en los últimos 6-7 años, en afirmar que son acciones contra del pueblo y en beneficio de esos grupos que les llaman “neoliberales”. Con una red que abarca el 60% del PIB mundial, estos acuerdos buscan diversificar mercados y reducir la dependencia de Estados Unidos. Paralelamente, los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 31 países, tiene como objeto, proteger las inversiones extranjeros, atrayendo flujos de capital que superan los USD 30 mil millones anuales; no obstante, la solución de controversias y los temas ambientales, siguen siendo una asignatura pendiente.
A pesar de que México ha consolidado su presencia en el ámbito internacional con una política exterior estructurada en torno a principios constitucionales (como aún se conoce o existe), intereses estratégicos y compromisos multilaterales; aun con todo ello, el presente pretende evidenciar una brecha entre el marco jurídico y su implementación efectiva, agravada por la priorización de megaproyectos sobre la sustentabilidad, por lo que la credibilidad de México en la gobernanza global ambiental, dependerá de una real transformación de las políticas para convertirlas en acciones objetivas y efectivas, respaldadas por transparencia y rendición de cuentas, implementando acciones tendientes al fortalecimiento de instituciones públicas, la armonización de políticas y el buscar la implementación efectiva de los acuerdos con la decidida participación social para de esta forma, tener verdaderos resultados de beneficio nacional y global.
Incumplimientos Ambientales de México en Tratados Internacionales: Un Análisis Crítico
Por lo general se tiene la idea que al hacer exigible una conducta o acción/no acción de un país parte de un Tratado/Convenio Internacional en la materia que nos ocupa, simplemente se llevaran a cabo dichas acciones o conductas; en la vida real, no es exactamente eso, si Analizamos el actuar de México en el ámbito internacional, vemos que, siendo signatario de más de 60 tratados internacionales ambientales, tenemos en las manos diversos desafíos estructurales, procedimentales y presupuestales para pensar que se pueden cumplir los compromisos/obligaciones generadas de dichos tratados/convenios. Entre otras, se pueden precisar cinco áreas críticas de incumplimiento recurrente, respaldadas por evidencias de fallas institucionales, políticas contradictorias y casos emblemáticos.
1. Falta de Ambición Climática en el Acuerdo de París
Si nos adentramos en la información que se tiene del INECC sobre lo que México reporta, es evidente que se ha incumplido sistemáticamente sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) bajo el Acuerdo de París. Aunque originalmente se comprometió a reducir un 22% de gases de efecto invernadero (GEI) y 51% de carbono negro para 2030, no ha actualizado estas metas desde 2015, a pesar del aumento en emisiones. El Climate Action Tracker califica sus esfuerzos como "altamente insuficientes", particularmente por su dependencia de combustóleo en plantas termoeléctricas y la expansión de infraestructura fósil (refinería Dos Bocas). Además, el presupuesto ambiental se redujo al 0.7% del gasto federal en 2024; y ahora para el 2025, se redujo aún más, casi un 40% del presupuesto que se le había asignado, limitando sin duda alguna, la implementación de políticas climáticas.
2. Incumplimiento del Acuerdo de Escazú en Participación y Protección de Defensores
El Acuerdo de Escazú, ratificado en 2020, exige garantizar derechos de acceso a información, participación y justicia ambiental; durante casi toda la administración pasada, se ejecutaron proyectos como el Tren Maya donde se fingieron consultas libres a comunidades indígenas y lo peor, se desarrollaron sin una evaluación integral de todos los enormes impactos ambientales que han generado, fragmentando, despiadadamente la Selva Maya y más que contaminar los acuíferos, devastaron una cantidad muy importante de cavernas y vestigios arqueológicos; esto, sin tomar en cuenta que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para defensores ambientales, donde año con año, se registran asesinatos de estos defensores quienes se encuentran sin mecanismos efectivos de protección. La criminalización de la protesta mediante cargos penales arbitrarios "despojo agravado" contradice el artículo 9 del tratado.
Entrando a los objetivos del Acuerdo, al tocar el tema del “Acceso a la información Ambiental”, nos referimos a la obligación de México a garantizar el derecho de acceso a la información ambiental en posesión de las autoridades públicas, de manera oportuna, accesible y comprensible, mientras que por la participación pública en la toma de decisiones ambientales, obliga a garantizar la participación informada y efectiva del público en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar el medio ambiente, con lo que nos ponemos frente a las acciones devastadoras que se estuvieron realizando en ciertos proyectos en donde ni una ni otra de estas dos obligaciones se vieron colmadas a las que, si adicionamos la obligación de brindar acceso a la justicia en asuntos ambientales, creo que más de un “yucateco” y un “campechano” no podrían avalar el hecho de que pudiera haber cumplimiento, habiendo varios defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales que se vieron violentados por enarbolar acciones legítimas de protección al medio ambiente, esto es, la garantía de protección no se vió interpuesta ni la prevención de ataques a la investigación.
Si bien fue un logro el que México haya ratificado el Acuerdo de Escazú, su implementación efectiva ha enfrentado desafíos de diversa índole, habiéndose hecho patente el que organizaciones de la sociedad civil hayan denunciado que proyectos de infraestructura y desarrollo (Tren Maya y obras similares en magnitud), han estado siendo aprobadas sin evaluaciones de impacto ambiental adecuadas ni se han realizado consultas a las comunidades afectadas en términos de la Ley, solo le consultaron a la “Madre Tierra” lo que de manera colateral se ha incrementado la fama que a nivel internacional tiene México en el sentido de que
es uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente. Es crucial que el gobierno fortalezca los mecanismos de protección para garantizar su seguridad y prevenir ataques.
3. Violaciones a la Convención de Basilea en Gestión de Residuos Peligrosos y el Protocolo de Montreal relativo al SAO.
La Convención de Basilea obliga a controlar movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. No obstante, México presenta deficiencias en el manejo de una cantidad relevante de residuos de diversos sectores; ejemplos sobran, donde es evidente la contaminación y las acciones son poco efectivas tanto por imponer multas irrisorias como no tener las capacidades para dar seguimiento a las actividades impuestas. A nivel nacional, solo 35% de los residuos sólidos urbanos se gestionan adecuadamente.
Por otra parte, resulta no menos relevante por los efectos que generan las sustancias que son controladas por el Protocolo de Montreal, el control de la producción y el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) lo que implica la prohibición gradual de la producción y el consumo de dichas sustancias, no obstante, se han desarrollado los substitutos que, al final del camino, no son menos impactantes para la Capa de Ozono. El Protocolo de Montreal establece calendarios de eliminación para diferentes SAO, con el objetivo final de eliminar por completo su producción y consumo.
Considerando ambos tratados (Basilea y Montreal), México no ha podido evidenciar el cumplimiento de ambos, tal vez, uno más que el otro, sin embargo, existen algunos aspectos que se pueden considerar, ya sea como áreas de oportunidad o de plano, señalamientos de incumplimientos por parte de México; con el objeto de mostrar una sencilla evidencia, se puede realizar una sencilla evaluación comparativa.
Es difícil determinar categóricamente cuál tratado presenta un incumplimiento "peor" o más evidente. Ambos son cruciales para la protección del medio ambiente global, pero abordan problemas diferentes. Sin embargo, en el contexto actual, podría argumentarse que el incumplimiento del Convenio de Basilea tiene consecuencias más directas y visibles en el territorio nacional, mientras que el incumplimiento del Protocolo de Montreal estaría teniendo un impacto global más amplio, aunque menos perceptible en México.
Por lo que se refiere al Convenio de Basilea se pudiera señalar como ejemplos de algunos de los motivos de incumplimiento, la falta de Infraestructura Adecuada para la Gestión de Residuos Peligrosos tomando en consideración que México carece de la infraestructura necesaria para gestionar y eliminar adecuadamente todos los residuos peligrosos que genera, lo que lleva a su almacenamiento inadecuado, vertido ilegal o exportación irregular a lo que se tendría que agregar el débil control y vigilancia de las Exportaciones e Importaciones de Residuos Peligrosos; en las instituciones de Gobierno, han pasado individuos de características diversas, algunos “pilluelos” otros de poca capacidad, pero con esas cualidades han enfrentado la dificultad para controlar y vigilar eficazmente los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos, lo que da pie al tráfico ilegal y el vertido de residuos en lugares inadecuados o en zonas que generan efectos lamentables al ambiente, problemática que se agrega a la falta de Armonización de la Legislación Nacional con los Estándares del Convenio, es decir, si bien la legislación nacional ha incorporado algunos aspectos del Convenio de Basilea, sin duda, existen lagunas y contradicciones que dificultan su aplicación efectiva lo que favorece, por la falta de claridad sobre las responsabilidades de los generadores, transportistas y destinatarios de residuos peligrosos, la impunidad de quienes incumplen las disposiciones jurídicas sobre el particular.
En lo que se refiere al Protocolo de Montreal, es necesario tener presente que el uso continuado de sustancias agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) en Sectores Específicos, no hace sencillo el tema, aún y cuando se han eliminado gradualmente la mayoría de las SAO, persistiendo en sectores específicos (refrigeración, agricultura, etc.) debido a la falta de alternativas viables o al incumplimiento de las disposiciones jurídicas de México y al comercio ilícito impulsado por la demanda de equipos antiguos o la falta de una conciencia de los riesgo que implica el agotamiento de la Capa de Ozono y desde luego, la falta de monitoreo y control efectivo de las emisiones de SAO, especialmente en zonas remotas o en sectores informales.
4. Incumplimiento de la Convención sobre Biodiversidad (CDB) en Conservación de Ecosistemas
México no ha logrado frenar la deforestación en áreas críticas protegidas por la CDB, así las cosas, vemos como el Tren Maya ha provocado la tala de un aproximado de 1,500 hectáreas de selva sin compensación ecológica alguna, afectando corredores biológicos de especies como el jaguar y otras más. Por otro lado, se estima que hay alrededor de 14 proyectos mineros operan ilegalmente en Áreas Naturales Protegidas (ANP), como la Reserva de la Biosfera Sierra de San Pedro Mártir, violando el artículo 8 de la CDB. Con el presupuesto que cada sexenio le reducen al sector medioambiental, es evidente que la PROFEPA se ve, de igual forma, mermada en su presupuesto con lo que le queda dinero tan solo para 1 inspector por cada 250 industrias reguladas, lo que facilita la impunidad.
Teniendo el contexto nacional, la participación de México en la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) en relación con la conservación de ecosistemas, se pueden formular algunas opiniones:
Desde el punto de vista legal, se puede considerar como fortaleza el Marco Legal y Político ya que se han incorporado principios de la CDB en su legislación nacional, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley General de Vida Silvestre habiéndose establecido algunas políticas y programas para la conservación de la biodiversidad, como la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad (ENBIO).
En este orden de ideas, es oportuno mencionar el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP) que cubren una parte significativa de su territorio terrestre y marino de la República Mexicana, sin embargo, cual es y está siendo la suerte de todas esas hectáreas de ANP ´s, cuando son carentes de una administración que les permita su adecuado mantenimiento y administración si tomamos en consideración que estas áreas desempeñan un papel fundamental en la conservación de ecosistemas y especies amenazadas.
Así las cosas, se presentan de manera evidente lo que llamaría las debilidades y temas que se convierten en problemas reales como son la Deforestación y Pérdida de Ecosistemas, sobre los que se ha buscado promocionar que se realizan esfuerzos de conservación, lo que es real y lamentable es que se sigue perdiendo bosques y selvas a un ritmo alarmante debido a la expansión agrícola, la tala ilegal y el cambio de uso de suelo para proyectos como el Tren Maya, la Refinería Olmeca y el Tren Interoceánico y si a estos problemas les añadimos un elemento como la falta de Recursos y Capacidad Institucional, teniendo la esperanza que con las nuevas caras que se ven en diversas instituciones y unidades administrativas, se pueda cambiar la tendencia.
Por otro lado, el gran tema de muchas zonas del país, en donde es clara la presencia de los conflictos entre Conservación y Desarrollo, donde la tensión entre la necesidad de promover el crecimiento económico y la protección del medio ambiente, dificulta la aplicación efectiva de las escasas políticas de conservación, para muestra, basta un botón, como es el caso del Tren Maya con sus grandes impactos negativos al ambiente y su escaso impacto positivo en la zona, lo que lleva de manera indefectible a la falta de Cumplimiento de la Legislación Ambiental, esto es, como se ha hecho evidente, la falta de aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales ambientales lo que ha permitido que se continúen las actividades ilegales contrarias a la protección y/o conservación de la biodiversidad. La corrupción, la falta de transparencia y la débil capacidad institucional dificultan la sanción de quienes incumplen las normas, a lo que no podemos omitir el hecho de que la insuficiente participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y la limitada transparencia en la gestión de los recursos naturales dificultan la rendición de cuentas y la implementación efectiva de políticas de conservación; esperamos que efectivamente, se dé un cambio de rumbo para que lo anterior se pueda mejorar.
5. Contaminación Transfronteriza y Fallas en Tratados de Agua con EUA
No se puede omitir la situación que prevalece en el proceso transfronterizo y el tema de las aguas entre México y Estados Unidos, en donde el primero ha estado incumpliendo el Tratado de Aguas de 1944 al no entregar 432 hm³ anuales a EUA desde 2020, acumulando una deuda de 1,200 hm³ para 2025 con lo que se incrementen los conflictos en cuencas como el Río Bravo, donde la sobreexplotación agrícola y la contaminación por aguas residuales no tratadas (solo 45% se depuran) afectan a comunidades binacionales.
Hacia una Gobernanza Ambiental Efectiva
Los incumplimientos a que he hecho mención reflejan una brecha entre el marco jurídico y su implementación, agravada por la priorización de megaproyectos sobre sustentabilidad; teniendo esta realidad en las manos, que se pudiera sugerir, tal vez:
a. Fortalecer instituciones ambientales (SEMARNAT, PROFEPA) con presupuestos adecuados y autonomía técnica.
b. Armonizar políticas energéticas con metas climáticas, eliminando subsidios a combustibles fósiles.
c. Implementar el Acuerdo de Escazú mediante protocolos vinculantes para consultas indígenas y protección de defensores.
d. Fomentar la cooperación internacional para acceder a fondos climáticos y tecnologías de remediación.
Pareciera que la credibilidad de México respecto a la gobernanza global ambiental bien podría depender de una real transformación de las políticas del Gobierno para convertirlas en acciones real, objetivas y efectivas que estuvieran respaldadas por transparencia y rendición de cuentas.
Habiendo manifestado lo anterior, es posible que se puedan generar algunas ideas y sugerencias, ante lo cual, el presente se circunscribe a las siguientes:
1. El fortalecimiento de la capacidad institucional y presupuestal. Es de la mayor prioridad que el Gobierno Federal incremente de manera significativa el presupuesto destinado a instituciones ambientales como SEMARNAT y PROFEPA, lo que podría permitir aumentar, por ejemplo, el número de inspectores (actualmente hay solo 1 por cada 250 industrias reguladas) y mejorar la capacidad de monitoreo y cumplimiento de normas ambientales, buscando una mayor capacidad institucional.
2. El punto anterior nos lleva, como consecuencia a buscar implementar de manera óptima el Programa de Desarrollo Institucional Ambiental, donde se podrían fortalecer a las dependencia estatales y municipales, con lo que se podría buscar una anhelada coordinación de los niveles de Gobierno.
3. Por otro lado, estaría siendo oportuno buscar un alineamiento de las prácticamente nulas políticas energéticas y de desarrollo con los compromisos climáticos que tienen que ser obedecidos, siendo dominio público la necesidad de que México actualice y cumpla sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) bajo el Acuerdo de París, lo que podría ser un detonador para reducir la dependencia de combustibles fósiles, cancelar proyectos de expansión de infraestructura petrolera e invertir en energías renovables. Se debe establecer un plan concreto para alcanzar las metas de reducción de emisiones de GEI y carbono negro para 2030; sinceramente, no se ve como una asignatura simple, máxime con todo lo que ha implicado la Refinería Olmeca.
4. Atendiendo a la problemática en la que nos encontramos, se deberían Implementar mecanismos efectivos de participación y protección ambiental a través, posiblemente, de protocolos vinculantes para consultas indígenas en proyectos de desarrollo que afecten territorios y recursos naturales, debiendo crear un sistema robusto de protección para defensores ambientales, incluyendo investigación efectiva de amenazas y ataques, y medidas preventivas contra la criminalización de la protesta ambiental, incluyendo programas de educación ambiental y participación ciudadana para promover una cultura de conservación y uso sustentable de la biodiversidad.
Atendiendo a las sugerencias indicadas, se hace necesario el poner frente a cada uno, algunos de los desafíos que la actual administración sin duda enfrenta sobre la materia:
1. Priorización de Proyectos de Infraestructura sobre la Evaluación de Impacto Ambiental: El gobierno ha impulsado proyectos de infraestructura de gran escala (Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, Corredor Transístmico) sin evaluaciones de impacto ambiental exhaustivas y transparentes.
2. Debilitamiento de las Instituciones Ambientales y Reducción de Presupuesto: la reducción del presupuesto asignado a la SEMARNAT y otros organismos encargados de la protección ambiental, así como una disminución de su capacidad técnica y operativa.
3. Política Energética Contraria a los Compromisos Climáticos: La apuesta por energías fósiles y la obstaculización de proyectos de energías renovables contradicen los compromisos asumidos por México en el Acuerdo de París.
4. Deforestación y Pérdida de Biodiversidad: A pesar de los compromisos internacionales para proteger la biodiversidad y detener la deforestación, México sigue perdiendo bosques y selvas a un ritmo alarmante derivado de la expansión de la frontera agrícola, la tala ilegal y el cambio de uso de suelo para proyectos de infraestructura
5. Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Defensores Ambientales: habiendo ratificado convenios internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada sobre proyectos que afecten sus territorios y recursos naturales, en la práctica, estos derechos son ignorados. Además, los defensores ambientales enfrentan amenazas, hostigamiento y violencia por su labor en la protección del medio ambiente.
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