Atendiendo al enfoque que la administración gubernamental está generando, se hace necesario tener claras y definidas las expectativas en materia de aprovechamiento, uso y descarga del bien del dominio público de la Nación conocido como el AGUA, para lo que se hace necesario centrarnos en algunos aspectos:
Desde el momento en que se inició el proceso de revisar la Ley de Aguas Nacionales, el de analizar diversas propuestas que se presentaron durante los últimos 4-5 años, el de estudiar las sugerencias y propuestas presentadas por diversos actores del sector privado, el pensamiento sobre el manejo de la administración y uso del agua ha sido pendular, inquietante y por demás preocupante; el normar/legislar un elemento como el agua en un país como México, requiere más que un partido político que le gusta adular de su hegemonía, es necesario conocer la realidad y las necesidades de las personas, de los sectores y del país en general; hoy nos encontramos frente a una nueva iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria el 12 de noviembre pasado presentada por la Diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (MORENA) en la que proponen cambios significativos.
En general se puede afirmar que las iniciativas presentadas durante este proceso, las que tienen la firme intención de transformar el enfoque de la gestión del agua hacia la protección de los derechos humanos y la sustentabilidad, bien podrán restringir, como ya ha sucedido en situaciones similares, el aprovechamiento del agua para actividades productivas industriales
Gestión integrada y sustentable
Se pudiera afirmar que el Gobierno Mexicano está tras la implementación de una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), lo que se puede considerar como un enfoque de política pública incremental y adaptativa (Desarrollo gradual, Coordinación, Objetivos múltiples, Ajustes marginales, Aprendizaje continuo), con lo que se pretende desarrollar y dar un manejo coordinado del agua, la tierra y, en general, con los recursos que se encuentran relacionados, esto, con el objeto de lograr objetivos nacionales de desarrollo económico y social donde prevalezcan los criterios de equidad y sostenibilidad ambiental, pretendiendo que el manejo de los recursos hídricos a nivel de cuencas, subcuencas, microcuencas y acuíferos se manejen como unidades interdependientes.
Descentralización y participación social
Con este aspecto se pretende una transición hacia un modelo de gobernanza del agua que busca la participación de todos los actores sociales involucrados, no solo del Estado; hacer que organismos de cuenca, comités de microcuenca y comités de aguas subterráneas se desarrollen y se fortalezcan como instituciones deliberativas y participativas, buscando dar una mayor participación de los gobiernos estatales y municipales en la gestión del agua, en línea con las modificaciones al artículo 115 de la Constitución (DOF 31/octubre/2024, relativas a: Facultades Municipales: refuerzo de las atribuciones de los municipios para gestionar el agua potable, el drenaje, el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales y; Organismos Comunitarios: los municipios podrán crear organismos comunitarios para la gestión del agua, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y garantizar un manejo más eficiente y equitativo del recurso hídrico.
Marco regulatorio y legal
Ante la anarquía que se ha presentado y desarrollado, tanto dentro de la misma autoridad del agua como en el proceso de definir y encauzar el marco legislativo, reglamentario y normativo, bien se puede estimar que el Gobierno pretende un marco regulatorio con el que pretenda una mayor eficiencia y una mejor percepción del valor social, económico y ambiental del AGUA, con el que pueda definir los derechos y obligaciones de los usuarios de las aguas nacionales mediante instrumentos como son los títulos de concesión, permisos de descarga y declaratorias de clasificación de los cuerpos de agua nacionales, instrumentos, todos ellos, que requieren un debido ajuste con el que se brinde la seguridad jurídica a los derechos que conceden.
Planeación estratégica
Parte de los grandes problemas que, por lo general, enfrena nuestro país es la falta de una planeación que le permita organizar y desarrollar de manera estratégica los planes y programas que se buscan implementar de tiempo en tiempo; ahora, se indica que se buscan establecer objetivos a corto y largo plazo mediante la elaboración de planes maestros y programas hídricos; resulta de interés y llama la atención la falta de claridad de los objetivos, del rumbo que se pretende desarrollar para que la planeación sea precisamente estratégica y no un simple puñado de actividades sin un rumbo definido ni estratégico, sin coordinación hacia un punto determinado; recientemente se puso en marcha lo que han denominado el Programa Nacional Hídrico, que integra los planes hídricos de las cuencas a nivel nacional; veamos cómo se van sucediendo los actos hasta que se publique la Ley General de Aguas que tenga que ser.
Derecho humano al agua
Uno de los aspectos que mayor impacto han generado, tanto a la población en general como a los legisladores, ha sido el pretendido enfoque en garantizar el derecho humano al agua, lo que, entre otras cosas puede implicar el asegurar el acceso al agua segura, suficiente y asequible, en principio para todos, pero con especial énfasis para la población más vulnerable, sea donde sea que se encuentre dicha población, con lo que se debería buscar mejorar la continuidad, eficiencia y distribución equitativa en calidad y cantidad del agua.
Conservación y protección ambiental
La Conservación de los recursos es uno de los temas más polémicos que se han presentado desde la promulgación de la LGEEPA, si tomamos en cuenta que es lo que debe entenderse por conservación y cuál es el alcance de la protección; hoy en día con el empuje que se está dando al tema hídrico, se pretende dar énfasis a la preservación de la integralidad del ciclo del agua con lo que se pretende se puedan garantizar los servicios hidrológicos tan relevantes que brindan las cuencas y los acuíferos así como la implementación de estrategias para reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y sequías, en general, el resultado de los efectos meteorológicos lo que refleja el enfoque holístico que busca equilibrar las necesidades de desarrollo económico y social con la conservación y uso sustentable de los recursos hídricos en México.
Cambio de enfoque
Uno de los aspectos de mayor trascendencia que se está presentando con los enfoques que se están dando para la nueva legislación en materia de agua, es la transición de un modelo de gestión patrimonialista a un enfoque basado en derechos humanos (al menos eso pretenden) con lo que de igual forma, la idea es ajustar a las instituciones públicas encargadas de la administración del agua, como pudiera ser la pretendida creación de la Secretaría del Agua y darle mayor fuerza o nivel a la naturaleza jurídica de la CONAGUA, para lo que se buscará otorgarle mayores facultades y un nuevo diseño institucional.
Cambios en concesiones
En relación con el tema de las concesiones, se está proponiendo reducir la vigencia de concesiones a 15 años, con una sola prórroga, situación por demás de alto riesgo al limitar los proyectos, si esto sucede, a un periodo limitado de tiempo, para lo que se buscará implementar un mecanismo de revisión anual las concesiones, pretendiendo prohibir las transmisión total o parcial de los derechos que consagra un título de concesión.
Nuevos mecanismos
Con la creación de un Centro de Transmisión de Derechos como único medio autorizado para transferencias de concesiones, se estará buscando modernizar la gestión del agua en México, priorizando los derechos humanos y la sustentabilidad, aunque podrían tener implicaciones significativas para las actividades industriales y el desarrollo económico del país.
La nueva Ley General de Aguas propuesta, si es aprobada en sus términos, tendrá un impacto significativo en la industria, tomando en consideración que busca establecer restricciones en el acceso y uso del agua buscando otorgar prioridad al uso doméstico y personal del agua por encima del industrial, en donde la CONAGUA podrá negar concesiones en zonas con poca disponibilidad hídrica, pudiendo reducir anualmente los volúmenes de agua concesionados a empresas en cuencas sobreexplotadas o con emergencias hidrológicas.
Nuevas obligaciones y requisitos
Con el enfoque que se está pretendiendo implementar, con la iniciativa presentada este noviembre, se está buscando que se desarrolle un sistema cerrado obligatorio de aguas residuales con la idea de implementar un monitoreo más eficiente y en tiempo real de extracción y calidad del agua, buscando que se realice una Evaluación de Impacto Socio-Hídrico como nuevo requisito aún y cuando no se hayan establecido reglas ni procedimiento para ello (ya se sufrió cuando se pretendió implementar el impacto social en temas energéticos).
Para efectos de precisión, el Sistema Cerrado se refiere a un enfoque donde las aguas residuales deben ser manejadas de manera que no se descarguen directamente en cuerpos de agua de jurisdicción federal, por lo que las aguas deberán ser tratadas y reutilizadas dentro de un circuito cerrado y el monitoreo a que se hizo referencia (preciso/eficiente), para lo que se estará haciendo necesario el tener pleno conocimiento de los contaminantes presentes en las aguas residuales, lo que implica un monitoreo constante y detallado de los diversos contaminantes, siendo necesario el tener que precisar si se estará a lo que indiquen las CPD´s o la NOM-001 o a lo que la a Coordinación General de Recaudación y Fiscalización de la CONAGUA, mejor determine.
Metas ambientales
Tomando en cuenta que uno de los principales problemas que se tiene con el agua es su desperdicio o uso indiscriminado por el sector agrícola al que no se le ha querido asignar los recursos suficientes para iniciar un proceso de tecnificación para el riego; de igual forma, se presenta en nuestra realidad mexicana, como uno de los contribuyentes más importantes de agentes patógenes al verter en los sistemas, importantes cantidades de elementos químicos que, como fertilizantes, abono o fortalecedores de la siembra, se arrojan en el proceso de siembra; la proporción entre el uso agrícola y el industrial es de aproximadamente 75% agrícola y 7% el sector industrial; a todo esto, la idea que se pretende desarrollar es el de fijar una meta de descarga cero para 2030.
Se prohibirá expresamente el fracking utilizando agua.
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